16-09-2011.Deudores, acreedores, morosos, entrampados, tramposos, estafadores. Fauna y flora de una espesa selva, cada vez más cerrada, intrincada y peligrosa.
Deudas siempre las hubo y las habrá. Deudores y acreedores también. Y quienes tratan de aprovecharse del sistema, más aún. Recordemos cómo solucionaban gobernantes del pasado sus carestías económicas, la falta de recursos o de liquidez inmediata. Había casos curiosos o realmente tenebrosos y criminales. Desde el emperador que determinaba quedarse con las riquezas de los senadores o los caballeros de Roma (asesinándolos con presteza), al rey que vendía cargos y titulaciones a destajo. El noble caballero, guerrero de fortuna, llamado El Cid, estafó a los prestamistas judíos y ello no le generó remordimiento alguno. Nuestra supuesta sabiduría popular dice que «Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón». ¿No lo podríamos recuperar como ley consuetudinaria? Ganaríamos bastante.
Porque sí que lo aplicamos cuando se trata de robarle al Estado, de escaquearnos de las obligaciones ciudadanas y tributarias; entonces vemos muy natural y bien el sisarles a las instituciones los recursos que en teoría necesitan. Como decimos que esas instituciones son ladronas por definición, el menguarles en lo posible nuestras aportaciones es perdonable y justificado.
Pero deberíamos hacerlo extensible a los bancos, a las compañías de servicios: todos ladrones… pues nada, a sisarles todo. Y estaríamos más que justificados. Pero ahí no, que hasta el estafado Estado (por nosotros y por ellas) pone gran diligencia en que tales cosas no sucedan.
Las deudas públicas no se pueden llevar como las privadas, aunque se entiende que, con criterios de racionalidad y utilidad (odio, por manido, el término austeridad), sí que deberían estar pensadas y llevadas; pues, si no… sus desfases negativos siempre recaen sobre la ciudadanía (léanse como recortes de todo tipo, o como subidas de impuestos); en los desfases positivos (escasísimos, pero haberlos húbolos) siempre se acude a las bajadas de tipos impositivos, fundamentalmente de quienes más tienen. Cosa curiosa, ¿no?; porque debería ser al contrario: que en bonanza se pueda exigir y recaudar más, por lo que pueda pasar luego (que pasa). Los entes públicos deben emplear sus haberes y sus previsibles en el bienestar y las mejoras, aunque endeuden algo (eso del balance cero, curiosamente, sólo se les exige a los colegios); mas nunca tirar de la plata, haciendo las cuentas de la lechera. Y eso, en suma, es lo que se ha venido haciendo; o peor, ni eso: que se ha ido abultando el gasto en naderías, en gestos para el populismo, en crearse adeptos agradecidos, en francachelas sin sentido.
Cuando se dice que se desmantela ese estado del bienestar, tan caramente conseguido, hay que ser muy comedidos. Ni servicios básicos, ni prestaciones necesarias han de ser eliminadas; pero no vendría mal replantear claramente hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se ha abusado. La demagogia del «Protesto porque sí» no vale. La demagogia del recorte, tampoco. Yo sugeriría un periodo de sosiego y de estudio de la situación; y luego ‑luego y no en caliente‑ ir haciendo las reformas necesarias y hasta los recortes del lastre. Necesidades de ciertos puestos o servicios (protestas sindicales que deberían darles vergüenza en algunos casos, por defender lo indefendible), absoluta necesidad de coordinación en los mismos, para evitar de una vez por todas las duplicidades y los reinos de taifas, reforma fiscal realmente progresiva respecto a los ingresos y bienes (lo que conlleva una inspección más eficaz y dirigida fundamentalmente a la lucha contra el fraude). De los dispendios ni hablo, que se suponen no debieran existir; y, entre los mismos, pudieran estar los altos sueldos injustificados (sobre todo por los ineficaces que los cobran).
Existen tribunales de cuentas que no sirven, porque realizan su labor a toro pasado y tardíamente; y no suponen acción coercitiva ni punitiva alguna. Existen los cuerpos de interventores, a los que se les hacen puentes para que no sirvan de obstáculo a los planes económicos de los políticos con cualquier cargo (desde el caciquillo de pueblo a los más altos cargos del Estado). Si los medios legales de control y de derecho que existen son tan claramente ninguneados por los que deben respetar la ley, dígaseme (mejor que no) con qué autoridad nos pueden obligar a los ciudadanos a salvarles el cuello, cuando las cosas van mal. No es que les salvemos el cuello; es que, metafóricamente hablando, se lo deberíamos retorcer.