Heredaba la II República una España ruralizada y analfabeta al 50%, sin que los poderes políticos, económicos y sociales de la Monarquía se mostraran dispuestos a iniciar un mínimo proceso de reformas que aliviase la precariedad de una buena parte de la población que, en algunos casos ‑mujeres, campesinos, jornaleros‑, llegaba a límites difícilmente soportables.
En ese contexto, la II República acepta el reto y, en su primer bienio, claramente reformista, inicia (de ahí su valor simbólico) una frenética actividad política y legislativa, encaminada a acometer los inaplazables retos que la situación requería. Sin lugar a dudas, no hay ningún otro periodo en la Historia de España, y posiblemente tampoco en la europea, en el que se hayan afrontado reformas de tanto calado y de tanta trascendencia en tan escaso tiempo. Con resultados dispares, es verdad, pero con la voluntad política, en general, de solucionar problemas ancestrales que anclaban España en épocas más ligadas al feudalismo residual que a la revolución industrial incipiente.
Ya, la propia proclamación de la República había supuesto una lección histórica de paz y de esperanza. Sin un solo tiro ni una sola víctima, en momentos de tanta confusión, una gran mayoría de súbditos se convirtieron, de la noche a la mañana, en ciudadanos respetables. Y esa euforia contenida invadía las calles de todas las ciudades y el ánimo de la mayoría de las gentes de buena voluntad. No fue el despertar de la chusma, como la historiografía franquista ha querido imponernos, sino el espíritu de un pueblo que quería ser dueño de su destino. Intelectuales, profesionales, maestros, comerciantes, industriales, se unieron a las clases trabajadoras en esa gran fiesta de la recién nacida democracia. No fue, en absoluto, un régimen aceptado como un “trágala”; antes al contrario, unificó voluntades dispares de jornaleros encallecidos y humillados a través de los siglos con pensadores de claro fervor republicano, cuyo compromiso con la República jamás abandonaron.
La necesidad de dotar a la República de un marco institucional hizo que en unos meses se elaborase y se aprobase una constitución que consagraba los principios más modernizadores de todo el espectro constitucional universal. Derechos y libertades sin límite alguno, amparados y tutelados, además, por un novedoso Tribunal de Garantías Constitucionales. Separación de la Iglesia y el Estado, exponente de una concepción laica, sin las ataduras sempiternas de una Iglesia contraria a cualquier destello de libertad: científica, ideológica, de enseñanza o de moral sexual. Emancipación de la mujer, con el reconocimiento de su personalidad individualizada y liberada de la tutela paterna o marital, cuya máxima expresión fue la concesión del sufragio. El planteamiento de un diseño territorial superador del centralismo decimonónico. Una Constitución, pues, que recogía las doctrinas y principios más avanzados del constitucionalismo, cuyo espectro, sin duda, ha dejado su huella en la Constitución de 1978, como no podía ser de otra manera.
Y la acción política camina en consonancia con el espíritu y la letra de la Constitución de 1931. De todos es conocida la frenética actividad en campos tan variados como la educación y la cultura, las relaciones laborales, la reforma militar, la reforma agraria, etc.
Quienes navegamos por los entresijos de la Historia tenemos, pienso yo, la obligación pedagógica de dar un mensaje sobre la II República, alejado del radicalismo con que se le ha tildado desde posiciones coincidentes con la interpretación franquista. A mi juicio, lo que le da a la República ‑y siempre me refiero al primer bienio‑ su carácter de símbolo, ejemplo y modelo de democracia no son las tentativas de revolución proletaria y, mucho menos, los intentos de echar el freno hacia cualquier reforma, por tímida que pareciese; lo que alcanza ese valor simbólico es, sin duda, el proyecto de construcción de un Estado concebido para introducir a España entre los países más desarrollados del mundo. En tan solo dos años, se consiguieron objetivos de una trascendencia extraordinaria, cuya referencia, en lo esencial, conocemos todos los que nos hemos reunido aquí. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Qué hubiera sucedido si ese bienio reformista hubiese durado diez años?
Hace unos días escuchaba, a un maestro de la República, decir que «la Guerra Civil la perdieron los maestros y la ganaron los curas». Frase rotunda e inequívoca a la que se podría añadir también que «la ganaron los militares y la perdieron los jueces». Dos grupos profesionales, maestros y jueces, que sufrirían una especial depuración durante la Dictadura franquista y que encarnaban la mejor expresión de la educación y la cultura, por una parte, y de la ley y el Estado de derecho por otra; es decir, de los pilares básicos de una democracia avanzada y moderna, como la que quiso construir la II República.
Cartagena, abril de 2006.