La ley es cosa que sirve para domeñar a la sociedad y a los individuos dentro de unos corsés normativos, con la finalidad exclusiva de ejercer su control. El control que es la justificación de la existencia de la ley.
La ley, pues, no son los jueces, ni los abogados, ni los diputados o parlamentarios, ni los gobernantes; pero todos ellos la generan, manipulan, tergiversan, interpretan o, simplemente, ningunean.
Decían los romanos aquello de ley injusta, pero ley (o algo parecido, pero no me lo pidan en latín) [es “lex iniqua, et legem”]. Ley por encima de la justicia, por encima del individuo, ley sacra. Ley con entidad propia.
Los jueces no hacen la ley, a lo más la interpretan y fijan (en casos de sentencias generadoras de jurisprudencia). Interpretan la ley, cosa subjetiva supeditada al pensamiento del propio juez, a su ideario particular y, se diga lo que se diga, estará contaminado por las influencias recibidas, sean de casta social o saga familiar (hay familias de tradición heredada de padres a hijos, a nietos, en esto del negocio judicial), de ideología política o religiosa… El juez juzga siempre con ese sambenito colgado, lo quiera o no.
La desgracia es que hay demasiados jueces contaminados tan deudores de sus intereses, sus relaciones, que contaminan esa interpretación legal, que hace o absurdas o injustas por sí mismas sus sentencias.
Para ser juez se debería exigir una integridad a prueba, pureza tal que, en cuanto se detectase falla en ello, fuese expulsado de inmediato. Esto ni es común ni inmediato, apenas siendo mera anécdota o venganza.
Los que se encargan de dar material a los jueces son los legisladores. En todos los países, los que supuestamente legislan están agrupados en los llamados parlamentos, asambleas, congresos, etc. Los parlamentarios en general provienen de distintas opciones políticas, o del partido único autorizado (según países). Dicen representar a la ciudadanía o al pueblo, para los que se suponen trabajan. Así que la ley que se elabora en esos parlamentos debería estar siempre dirigida no únicamente a controlar al ciudadano sino a potenciar su bienestar. Sin embargo, la experiencia nos afirma en la creencia de que las leyes se elaboran para beneficio exclusivo de ciertas castas (que pueden coincidir con la que pertenecen ciertos jueces, que así verían más facilidad en aplicarlas), grupos de presión, opciones religiosas, en los cuales están integrados los legisladores. La redacción de la ley es vital para lograr el efecto deseado que de la misma se espera, y los parlamentarios son conscientes de ello. Así lo hacen. O no lo hacen; que retrasarlas también colabora a sus fines, cuando no tienen más remedio que aparentar que acceden a darles trámite. Es clásica la redacción ambigua, mediante la cual la aplicación o es laxa o interpretada contradictoriamente.
Los parlamentarios puros deberían serlo cuando elaborasen leyes sin interferencias de otros sectores; pero lo normal es que se dejen dirigir por las iniciativas legisladoras del Ejecutivo, o sea, del gobierno. Y también al parlamentario se le debería exigir tal grado de honestidad que, demostrado lo contrario, se le pudiese expulsar de inmediato.
El papel del gobierno respecto a la ley es ejecutarla simplemente (por ello lo de Ejecutivo); pero esto no sucede nunca, porque el gobierno fija absolutamente la acción legislativa o procura interferir cuando esta acción escapa de su control. Y, desde luego, para ser miembro del Ejecutivo (en cualquier nivel) se debería demostrar capacidad y un alto grado de honradez; y si se demostrase que… (en fin).
En las dictaduras, la acción del dictador/gobernante supedita al parlamento y a los jueces. El dictador (persona o partido único) manda hacer sus leyes, ya definidas, al parlamento o asamblea, que se limita a refrendar lo impuesto; los jueces aplican y callan. Y no hay más papeles en esta representación. Por eso, en las supuestas democracias deberían estar perfectamente separados y delimitados los tres poderes clásicos ‑LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL‑, sin contaminación entre sí y sin interacciones mutuas. Eso debería garantizar la Constitución. Mas no es así.
En el caso de España, cada día se nota más la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo (que se trata, sin ambages, de controlar) y el Judicial. Los dos últimos quedan servilmente a las órdenes del primero, y eso sin lugar a dudas es cuadro de dictadura. De hecho, la separación de los tres poderes clásicos es ya puro ideal, sin cuerpo. Queda como sutil teoría política. Las interrelaciones, vaivenes, contaminaciones entre ellos es la norma, forjándose un cuerpo de profesionales aptos para los tres estamentos, intercambiables. La ley la van moviendo a su placer, para uso exclusivo. En España, se está pasando ya de un límite aceptable, sin que los poderes afectados se defiendan ni al menos traten de bloquear los ataques recibidos; ¿por qué?, pues porque en puridad ya no les importa mostrar que todo es lo mismo, que ellos están por encima de sus propias leyes.
La ley cumple con la finalidad para la que es elaborada, el control de la sociedad y de los individuos por las élites dominantes. Y punto.