15-01-2012.
Me prometí y declaré públicamente que no escribiría sobre enseñanza y educación. Y lo pretendo cumplir. Mas del tema de este trabajo, que pasa por ese entorno, no quiero detenerme más que lo imprescindible, pues de otro de sus aspectos me pretendo ocupar.
Es sobre el caso ya sabido, pero ahora otra vez de actualidad de la maestra de religión que pretende que la reintegren a su labor, y hay sentencia superior que la respalda.
Y la Iglesia dice que nones, que no traga, que despedida está y que el Estado se las componga para abonar indemnizaciones pertinentes. Y que le trae sin cuidado la sentencia judicial.
Así vista la cosa, podríamos criticar muchísimo a la jerarquía católica por su empecinamiento, por su desconsideración hacia una trabajadora (y desinteresarse de sus derechos laborales y hasta personales recogidos en la ley máxima) y por su cómoda y aprovechada posición de contratante; pero no de apoquinante, que esa obligación se la deja a los poderes civiles. (¡Qué cucos que son los curas!). Estas y otras críticas se han oído y leído estos días.
Cierto. Todo lo anterior es cierto. Y lo es, porque la situación actual, permitida, consentida y mimada por los poderes políticos y gobernantes, le da a la Iglesia estas facultades y ella las ejerce de la forma discrecional que cree conveniente. Y está en su derecho.
Ahora, ¿esto debería ser así? No, desde luego.
Primero: La situación de la Iglesia Católica (como de todas las religiones) debería ser de coexistencia pacífica con los poderes civiles, sin intromisiones ni privilegios entre ambos. Cada uno a lo suyo y, nunca mejor dicho, Dios en lo de todos.
Segundo: Por lo anterior, la enseñanza religiosa (adoctrinamiento) debería corresponder en exclusiva a cada religión en su entorno y con sus medios; nunca constituir una asignatura académica específica y calificada. La Iglesia Católica no debería tener (ni otras) acceso a las aulas públicas como rectora de sus enseñanzas doctrinales, ni como presentadora/contratista del profesorado específico para las mismas.
Tercero: Ya que esto se hace, en el caso de la enseñanza católica, al menos que sean las instituciones católicas quienes costeen el sueldo de sus profesores; no el erario público.
Cuarto: Los docentes que se presenten para constituir el cuerpo de catequistas (pues catequesis es, al fin y al cabo, de católicos asalariados por las instituciones civiles para dar su enseñanza), que sean consecuentes con las obligaciones que de ello se derivan.
Quinto: Tales obligaciones no son las de cualquier maestro dando otra asignatura (p. ej.: Matemáticas), sino que conllevan una actitud, un modo de vida correspondiente a la doctrina que imparten; esto debiera ser normal en todo profesor de religión (fuere la que fuere).
Sexto: Por lo tanto, normal y exigible es que los maestros de religión católica muestren concordancia en su vida y comportamiento con la doctrina que enseñan y con los mandatos que ello supone. Y normal y exigible es que la Iglesia se lo solicite e incluso que los recuse, si no cumplen las normas. Si eso se hace por contrato escrito (no sólo hablándolo) o no, es cuestión a revisar. Y, si no es posible, dado nuestro ordenamiento constitucional, más a mi favor en mis primeras argumentaciones.
Séptimo: Quienes acepten estar bajo la tutela y supervisión de la jerarquía religiosa, sean consecuentes; y, cuando no puedan, dejen su puesto. Para ejercer la docencia hay también otros caminos (aunque reconozco que cada vez más difíciles).
Hace bastantes años, surgidas las primeras polémicas sobre quiénes, de entre el profesorado (en las escuelas públicas), se hacían cargo de las clases de Religión (católica) hubo sus más y sus menos, pues surgieron quienes no querían darlas; lo curioso es que los que más defendían el impartirlas, una vez que se les emplazaba a hacerlo fuera del horario común, respondían que no lo harían si no se les pagaba. Muy religiosos, sí; pero nada de hacer horas extras y menos sin cobrarlas; había que dar religión siempre detrayendo horario de la programación común y, desde luego, no por caridad cristiana, sino por el sueldo. Que es en lo que hemos acabado estando; pero con profesorado designado a dedo por la Iglesia.
Por eso, escribo este alegato contra las denuncias de conculcación de supuestos derechos inalienables para esa profesora y otros en similares casos. Son maestros de Religión católica, están designados y conformes por la jerarquía católica, y deben ser consecuentes con la doctrina católica que están encargados de transmitir. Y no hay medias. Para mí, ese despido sería procedente.
marianovalcarcel51@gmail.com