Por Mariano Valcárcel González.
Un día, en que se ve que no tenía nada que hacer o en qué pensar, me puse a hacer un cálculo muy somero, pero creí que lógico, sobre mi contribución al bienestar nacional, vía pago de impuestos.
Para no partir de algo difícil, tal vez de cuantificar, me centré en lo que transfiero al erario público a través de mi pensión, o sea, mi contribución obligada (y detraída de inmediato sin que tenga oportunidad de evitarlo, con la paradoja de que no es retribución por ningún trabajo) al IRPF. Así que de cada cien euros dejo de cobrar veinte, pues es un 20% el índice que se me aplica a lo percibido en nómina.
Fíjense; no meto ya lo detraído por otros conceptos, pues me centro en el impuesto en sí. De ochenta euros “limpios” cobrados, y como no tengo más remedio que ingresarlos en una cuenta bancaria, ya me volverán a retirar otra cantidad por este motivo (supuestamente por el “rendimiento” bancario que es sabido escaso o nulo); bien, supongamos que se queda Hacienda con un uno por ciento de esos anteriores ochenta netos en el mejor de los casos.
Pero es que, como uno come y necesita otros servicios, pues de esos setenta y nueve limpios irá abonando el IVA correspondiente, que todos sabemos que no está flojo en nuestro país y el veintiuno por ciento es casi general. Así que, supongamos que, de los euros utilizables, gasto cincuenta, pues a estos se les aplicaría la contribución vía IVA de otro 20% (o sea que, en realidad, gastaría en mi beneficio solo 40. Y, según este cálculo, ahorraría (¡qué cálculos más optimistas hago!) unos treinta euros; estos, al irse acumulando, volverían a contribuir a las arcas públicas por constituir “rendimientos del capital”, que es en lo que se habrían convertido mis rendimiento de trabajo, que ya habían hecho su contribución con anterioridad. Este trueque es una de las trampas más injustas que tiene el actual sistema fiscal español y el que da una idea de las veces que un mismo contribuyente, vía nómina, paga por los mismos ingresos.
Por eso, se dice en medios especializados que el trabajo contribuye en grandísima medida al esfuerzo impositivo, mucho más que el capital, al que se le imponen porcentajes de risa, cuando se constituye en entidades específicas para contribuir con lo mínimo. Esas inventadas sociedades de capital (a veces mezcladas con sociedades empresariales), además, contribuyen por una sola vez si se mueven entre amnistías fiscales o declaraciones especiales y luego todo les queda limpio y “legalizado”…
Ante la evidencia del desequilibrio y de lo injusto del trato aplicado, según de donde provengan las ganancias y ante el básico planteamiento que hice al inicio de este escrito, me cabe pues hacerme otras reflexiones que, creo, aclararán bastante nuestra actitud frente al tema de los impuestos, su aplicación y su recaudación en España. Y fíjense que no he entrado en las cuestiones de herencias, transmisiones, donaciones, pagos en especie, contribuciones municipales, premios, etc.
Cuando un ciudadano corriente observa, con desaliento, que su trabajo convertido en salario o en pensión se le diluye entre las manos en gran parte, porque le aplican impuestos abusivos, tiene, intuitivamente y como sentido de defensa, tendencia a procurar no contribuir ni pagar más impuestos; entonces, procura evitar el IVA, rebajar los conceptos de ciertas tasas (por ejemplo el IBI), hacer las mínimas declaraciones o de ingresos o de bienes y registrar las menores operaciones posibles que con ellos se hagan… ¿Se les puede, se nos puede echar en cara que esto hagamos…? Honradamente, creo que no.
Se nos dice, para estimularnos y tal vez para justificarse, que es que somos un país con poca conciencia impositiva, y puede que sea verdad o una media verdad. Desde luego, en los tiempos del general dictador, el sistema impositivo era de risa y se contribuía, cuando se hacía, casi por aparentarlo. Todo, pero todo el mundo, se libraba de pagar o pagaba lo mínimo dispuesto. Porque los gastos presupuestarios tampoco eran excesivos. Se acostumbró todo el mundo a ignorarlo. Al llegar el cambio, todo en este aspecto se hubo de replantear y los nuevos políticos necesitaban más ingresos para practicar sus políticas socialdemócratas (o para cubrir las demandas económicas que ellos mismos se concedían). Con el ingreso en la Unión Europea, se nos vino encima el esquema impositivo europeo.
Pero como acá tenemos unos gobernantes más interesados en lograr sus propios beneficios, en arramblar con lo que les llega, sea vía legal o bajo cuerda, y en integrarse en el mundo del capital y del empresariado, las reformas fiscales a llevar a cabo tenían y tienen ‑lo declarado antes‑ un desequilibrio manifiesto e injusto a favor de estos, a costa de gravar al mundo laboral, sean asalariados o autónomos. Al gran capital, a las sociedades anónimas del IBEX, a las grandes corporaciones, no se les puede exigir una contribución acorde con sus movimientos de capital y de sus ganancias, proporcional al volumen de sus ingresos y sus dividendos. No, porque de inmediato chantajean con la retirada de dinero o de actividad, con la deslocalización de sus negocios e inversiones y, ante eso, cualquier gobierno se achanta.
Para sostener el edificio solo cabe, pues, estrujar el bolsillo del trabajador. Y, lógicamente, el trabajador trata por todos los medios de esconder su bolsillo ante tanta rapiña.
Y el caso es que todo lo escrito acá me suena a cosa sabida, a cosa antigua, a rutina y juego viejo, practicado desde hace siglos, que ya anduvo por ahí un tal Robín de los Bosques e incluso un Diego Corrientes en asuntos del reintegro de lo incautado.