Por Salvador González González.
“El tempranillo”, “Pasos largos”, “Tragabuche” o “Luis Candelas” son unos angelitos en comparación con los “mangantes o chorizos” actuales, condenados en los tribunales.
En el derecho penal, la clave de aspecto delictivo de las acciones está en el dolo, entendido como conocimiento y voluntad de realizar el objetivo de un delito. Lo integran dos elementos que lo sustenta, a saber: a) el elemento cognitivo y b) el elemento volitivo. En a), el sujeto debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos del hecho tipificado como delito; por ejemplo, en el hurto, porque sustraen cosas ajenas sin el consentimiento de su dueño. En b), quiere realizarlo con todas sus consecuencias.
El dolo puede ser a su vez directo o de primer grado (muy utilizado en la terminología anglosajona; por ejemplo: asesinato en primer grado); o dolo eventual o de segundo grado; a partir de este último, aparece la llamada imprudencia consentida.
Perdonen la pequeña introducción aclarativa; tiene el objeto de situarnos en la afirmación que sostengo en el enunciado del artículo.
Los “bandoleros” clásicos surgen muchas de las veces circunstancialmente, unos por una injusticia cometida contra su familia y por reacción se “echan al monte”; otros por necesidad, el hambre y la miseria les lleva en muchos casos a cometer lo que clásicamente se denomina “hurto famélico”, es decir, este estado de necesidad les condiciona a cometer y hacerse un delincuente. En algunos de los casos, tienen gestos justicieros y redentoristas para con el pueblo: «Robar a los ricos, para dárselo a los pobres» se dice de algunos de ellos y parece que, en algún caso, así actuaron. Todo lo dicho, naturalmente no exculpa a ellos de ser delincuentes, pero comparados con los actuales, llamémosles “de guante blanco” como generalidad con la que contemplarlos, existe una gran diferencia en cuanto a mi modo de ver con sus actuaciones, casi todas ellas encuadradas en el Código Penal en vigor como delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencia, malversación…, recogido en su mayoría en el título: XIX. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Cap. I, V, VI y VII.
Digo una gran diferencia y por ello, a mi modo de ver, con un plus de “maldad” respecto a los anteriores. Estos “delincuentes de guante blanco” roban casi todos de la “causa común” del erario púbico o se aprovechan de su condición “especial” de prepotencia administrativa para “robar” a la propia administración o utilizando a ésta como medio para enriquecerse de manera claramente injusta. No surgen sus robos por necesidad, sino su exclusivo interés es aprovecharse de una situación fáctica e incrementar su patrimonio a costa de la sociedad, de tal manera que, para no dejar huella y además excluir estos robos del control de la propia hacienda pública, de la que en muchos casos fueron a su vez dirigentes o responsables, se llevan el fruto del robo o la apropiación indebida al exterior (los llamados paraísos fiscales), para, de esta manera, utilizarlos después mediante ingeniería financiera o, mucho peor, aprovechar alguna que otra amnistía fiscal para retrotraerlo de nuevo a su control. (De ahí las críticas que se le hacen a estas amnistías con más que sobradas razones para no admitirlas, ya que, en muchos supuestos, pueden entenderse, aunque no pueda obviamente ni afirmarse, ni mucho menos demostrarse que pueden ser el vehículo óptimo para el blanqueo de estos dineros “negrísimos”).
Es claro que estos enriquecimientos ilícitos, mediante actuaciones punibles, y que, afortunadamente, mientras el aparato de la justicia actúe con independencia, pueden y deben ser enjuiciados, como estamos viendo en tantos casos de todos conocidos, por tratarse, en todos ellos, de realizaciones con dolo directo y no mediar ningún atenuante y muchísimo menos eximente (en muchos, parecen haber sido modus operandi de financiación para partidos, y los encargados se llevaban de estas aportaciones una parte de lo cobrado, a modo de “mordidas” establecidas con cuotas prefijadas por licitaciones amañadas de la administración; ellos, por ser los “cobradores”). Deben ser penalizados con arreglo a lo previsto en nuestras leyes, sean quienes sean, hayan ostentado el cargo que hayan ejercido (entiendo que además debe ser un agravante en muchos de ellos, por su posición de dominio sobre la acción) y, sobre todo, la sociedad demanda que «Devuelvan con creces lo trincao». (Eso se dice, popularmente, en las tertulias).
El cáncer de una sociedad es la corrupción, si se mete dentro de la misma, amparando cualquier acción justificada, en base a aprovecharse de la propia sociedad, que al individuo le ha dado ese cargo precisamente para todo lo contrario: para que administre, con honradez, eficacia y control, los dineros y el patrimonio público.
Por todo lo dicho, mantengo que hay una gran diferencia entre los delincuentes tradicionales de serranía y trabuco, con estos encorbatados y de limusinas o mercedes blindadas y ostentosas. Valoren ustedes si, después de lo expuesto, tengo o no razón.
Afortunadamente, el sistema democrático en el que nos movemos en nuestro país, mientras la división de poderes se mantenga, sin injerencias de uno sobre otro, de manera que cada cual funcione como contrapoder de los otros, este cáncer se podrá extirpar.
Para ello, el legislativo debe dedicarse a legislar y prever la aparición de nuevos delitos asociados con actuaciones socialmente reprobables y, por ello, merecedoras de tipificación en el código, como tales.
El ejecutivo debe dedicarse a su labor, que no es otra que ejecutar y actuar como responsable del buen gobierno de la nación.
Obviamente, el poder judicial es el contrapoder por excelencia, que debe estar para que los otros poderes no se extralimiten y evitar, con ello, las actuaciones abusivas de unos y otros. Por eso, es sumamente peligroso y rechazable cualquier intento de control del aparato judicial. En muchos casos, la pretensión de tesis rupturistas con el entarimado legal, empezando por la piedra angular de todo ello, que es la Constitución, encierra un peligro muy grave, ya que rota la base de sustentación de todo el edifico democrático, este corre el riesgo real y seguro de un estrepitoso derrumbe del sistema, dando lugar a una situación de anarquía, cuando no una salida autárquica de una “élite dominante” que lo que pretende, con ello, es que no la controlen y puedan hacer a su antojo y gusto, situándose con ello por encima del bien y del mal.