Por Mariano Valcárcel González.
Que Hacienda somos todos se lo encargó de cargar la abogada del Estado que, en el juicio de Palma de Mallorca, trataba así de defender (?) a la señora miembro de la realeza, allí imputada. La señora abogada del Estado obra en esta vista, respecto a la citada, no como defensora de los intereses generales del país, sino de la situación procesal particular de la misma. O sea que, siguiendo la lógica de este argumentario, el eslogan referido (y que tanto se nos machacó hasta no hace mucho) es meramente eso, un eslogan para campaña publicitaria y, como tal, carente de toda verdad ni intencionalidad pedagógica y cívica.
Un descubrimiento que nos hizo, a la ciudadanía, que no fuésemos tan ingenuos, con seguridad.
La nueva campaña de Hacienda, dirigida a la recaudación presente y futura, nos muestra un bucle, un círculo o cadena que empieza y termina en el mismo punto, que es la demostración de la dependencia de todos los contribuyentes entre sí y los demás, en el alcance de los servicios que se necesitan y en su buen funcionamiento. Tantos servicios, tantas necesidades, que el Estado debe contemplar, controlar, desarrollar, mantener y servir. Múltiples servicios y obligaciones.
Eso no es gratuito; que cuesta un pastón. Y esa pasta debe salir de los bolsillos de todos y cada uno de los contribuyentes. Por eso, Hacienda no se sonroja en volver a intentar convencernos de que sí, de que Hacienda somos todos, a despecho de lo que esa abogada estatal esgrimió en la vista judicial.
Pero cada día nos desayunamos con un nuevo escándalo, con una nueva noticia demoledora de ese edificio ficticio de la contribución ciudadana al erario común. Porque, entre los que derivaron ayudas y fondos públicos hacia sus particulares carteras; entre los que inflaron presupuestos y costes cargados a la administración y se repartieron el excedente originado ex profeso; entre los que diseñaron planes fabulosos y obras faraónicas sabiendo que, en realidad, o eran inviables o deficitarias y derivaron esos pasivos al ente oficial correspondiente; el contribuyente no sabe, en realidad, para qué sirve, de verdad, el dinero que se le abona a la fuerza al Estado (sea cual sea el nivel estatal). Se teme que parte, gran parte de lo que cotiza, se quede en refugios particulares y nunca derive al bien común. En realidad, abonar los sueldos altos e inmerecidos a los que supuestamente debieran ser servidores del común, no es como para alegrarse de contribuir a ello.
Pero hay más. Sí, más. Pues también somos noticiosos de que gran parte de esos ciudadanos, que se dicen muy patriotas y de lo más de lo más, imprescindibles en saraos sociales de postín, convocatorias institucionales, fotos de prensa y revistas, listas de VIP y tratados siempre como tales, misas, desfiles e imposiciones de condecoraciones varias, pertenecientes a consejos de administración varios y múltiples, juntas directivas de cofradías y equipos de fútbol, presidentes de sociedades que dicen son anónimas (pero ellos figuran al frente y obran como propietarios) y más, esos resulta que tienen sus dineros alejados del control estatal, bien alejados y ocultos en esos llamados paraísos fiscales, diseñados para el escaqueo fiscal.
Disfrutan de la existencia de los servicios que el Estado debe mantener, cuando les apetece o los necesitan, pero no contribuyen ni por asomo a financiarlos y mantenerlos. No se creen obligados a ello; y, cuando lo piensan, enferman. Así que, para no vivir en un continuo enfermar, se inventan chiringuitos financieros o realizan tales maniobras de distracción y dispersión que solo expertos en ello pueden diseñar. A estos expertos (bancos incluidos) sí que les pagan bien, pues les va en ello la seguridad de sus tesoros.
Nosotros, el común de los ciudadanos y contribuyentes, a veces hasta tenemos escrúpulos, remordimientos de conciencia. ¡Mira que si por mi culpa no se puede terminar ese hospital tan necesario!; ¡mira que si por mi culpa esa carretera no se arregla!; ¿y si mi nieta no tiene libros este curso por falta de dinero público…? Así que, cuando llega el fontanero y me da la clavada por lo del grifo, ya tengo bastante y se lo pago en negro;luego, pues como que no, que el Estado ha sufrido un auténtico robo por mi culpa. Y me dan ganas de denunciarme. Así de tontos somos y hasta a eso hemos llegado, o tratan de que lleguemos; que nos sintamos culpables por nuestra pequeña defraudación fiscal (que sí, que lo es); por ello, lo del anuncio de la actual campaña. Ese es su fin.
Los de antes, los del me paso el fisco por el forro, pasan, ciertamente, hasta de tener remordimientos. Y si se les descubre en un renuncio, pues nada, que qué me dice usted, que le paso una cantidad de cierta apariencia y aquí todos contentos. Y no me toque usted más los cataplines, que me voy derecho a fiscalía y lo denuncio por levantamiento de secreto; que esto de los impuestos es confidencial y no se debe saber; ¡qué se va a saber…! Esto es una democracia, claro; y, en consecuencia, lo mío es mío y lo demás es de todos; y la ciudadanía no tiene derecho a saber quiénes la están estafando, robando y chupándole la sangre.
Democracia de pacotilla que no se ha dotado todavía de una ley fiscal en condiciones, que pueda publicar las listas de los defraudadores y evasores de impuestos (para callar muchas bocas pregoneras de patrioterismo falso); una ley impositiva progresiva, justa y distributiva en las obligaciones tributarias; una ley de sociedades que obliguen a cotizar tanto a empresas, multinacionales o no, y particulares en los lugares donde ejerzan sus actividades y obtengan beneficios y no solo en los que declaran estar radicados.
De tantas reformas como se anuncian (y son necesarias), esta, la reforma fiscal, es una de las más necesarias e inmediata de afrontar.