29-05-2008.Alguien dice ahora, casi oficialmente, que esto del sistema de Justicia está en España más bien, más mal. ¡Hasta los señores del Consejo del Poder Judicial, ellos tan poco atentos a minucias que no tengan que ver con los equilibrios de poder de sus ideologías, se han dado cuenta!
El sistema está en quiebra. Así de cierto. No funciona apenas.
Es un marasmo casi total que tiene muchas causas y no una ni dos. Podríamos centrarnos en la más débil, en la siempre pregonada desidia del funcionariado, o su movilidad, o la falta perenne de medios. También podríamos decir que muchos de los locales donde se sitúan los juzgados o ya no tienen capacidad, o son inadecuados por ser obsoletos. Incluso que hay falta de preparación en los encargados de impartir eso que se llama Justicia; que los jueces no están suficientemente rodados; o que, apenas han abordado un proceso, tienen que dejarlo por causas diversas… Todo, todito está ahí, sí, con más o menos fuerza y efecto.
Pero deberíamos pararnos en ciertas causas que, a mi parecer, ejercen verdaderamente una acción demoledora sobre el desarrollo del poder judicial y su aplicación práctica entre las gentes. Desde tiempos inmemoriales se ha dicho que más vale un mal acuerdo que un buen juicio; sí, el personal no se fía de esos procedimientos que en gran manera no entiende, que ve dilatarse en el tiempo de forma incomprensible y que a veces tienen unas consecuencias totalmente impensables y fuera de toda lógica (desde le perspectiva del ciudadano lego en el laberinto jurisdiccional). Porque no siempre lo legal es justo. Deberíamos admitir que, aunque este poder constitucional diga que ejerce la Justicia, no siempre es así; por lo que deberíamos empezar a no engañar al ciudadano y llamar a todo el sistema sólo ejercicio o desarrollo y defensa de las leyes y de las relaciones de convivencia entre la ciudadanía.
¿Se han parado a pensar en que el verdadero problema está en la gran maraña de leyes emitidas, a veces hasta contradictorias y en muchas ocasiones de tal forma redactadas que permiten mil interpretaciones opuestas y que tiene mil salidas y escapes porque los legisladores se dejaron demasiados cabos sueltos? ¿Y si esas deficiencias son provocadas adrede para así poder manipular las leyes y a la postre hacerlas casi inservibles…?
¿Se han parado a pensar que el procedimiento se ha vuelto tan complicado y tan supuestamente garantizador que todos los casos se eternizan entre recursos, alzadas, pases a los tribunales superiores y demás artimañas? Así, hasta cualquier asunto mínimo, que debería no pasar de los niveles básicos (juzgado de primera instancia y, a lo sumo, audiencia) pasa a otros tribunales porque nunca se entienden como definitivas las sentencias y apenas esos tribunales las dan como tales. Cierto que se debe garantizar la equidad y la verdadera aplicación justa de la ley frente a errores de los que la juzgan y dictan; pero atender sólo a las artimañas de los abogados que acogen esas dilaciones porque así tienen casos entre sus manos, o así logran que los más débiles económicamente dejen la lucha a favor del que puede pagar prórrogas y prórrogas, es modo y manera de acumular causas; y acumulando causas se acumula papeleo, y acumulando papeleo se acumula trabajo y olvido de esas mismas causas entre legajos y legajos a la espera de trámite (y el truquillo de olvidar algún asuntejo).
No achaquen a la falta de medios el actual problema y marasmo, que también; pero si a todo se le diese la vuelta ‑como cuando se airea el colchón‑, se facilita el procedimiento procesal, se limitan las apelaciones según importancia del tema juzgado, se eliminan leyes recurrentes o incompatibles, se unifican criterios en todos los tribunales estatales para que no se bloqueen unos a otros, y se especifica el valor de lo que se considera cosa juzgada, que genera jurisprudencia para que no se vuelva a juzgar en contra, etc., entonces puede que el problema actual de los juzgados se fuera aclarando poco a poco y aligerando; y todo en beneficio, en primer lugar, del ciudadano y después de los mismos miembros del sistema judicial (jueces, abogados, funcionarios).
Reflexiones que hago para quienes las quieran leer, compartidas o no; pero que creo son ya de una urgencia vital el abordarlas.