11-01-2010.Vamos a tratar de centrarnos un poco. Me refiero al tema del dichoso trámite del Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional, donde lo colocaron ciertas denuncias del partido que no gobierna.
La primera impresión debiera ser la de que esas denuncias eran más que infundadas, puesto que el tal Estatuto pasó los trámites parlamentarios correspondientes (en la cámara estatal y en la autonómica) e incluso consiguió un referéndum positivo, si bien la representatividad del mismo está más que devaluada por la poca concurrencia al mismo. Pero se dieron esos procesos por buenos. Supuestamente, pues, tiene los requisitos de representatividad y validez democrática suficientes. Así es.
La segunda impresión, por el contrario, nos muestra a un partido de la derecha nacional (¿tendré que poner estatal?) que no admite los resultados anteriores y que acude al alto tribunal como medio de conseguir lo que no se consiguió por el peso político de sus votos. Tal vez, fraude de ley.
La tercera me pone en la grandísima duda de que, si todo lo anterior, no tiene un tinte de sectarismo y de esperpento, de tratar de subvertir el sentido más democrático de nuestro sistema político, y de utilizar resultados y trámites como válidos per se y nunca como pasos para conseguir una ley estatutaria conforme a las garantías que se exigen.
Y ahora me explico o así lo trato.
La existencia de un Tribunal Constitucional tiene como fundamento y motivo el que sirva de garante ante los intentos de subvertir, alterar o modificar la norma constitucional. Que la Constitución se pueda modificar e incluso derogar para introducir otra es una posibilidad real que debe contemplarse, si se hace como y conforme a los procedimientos democráticos admitidos como inalterables. Y, desde luego, toda constitución debería contener ciertos principios fijos e inmutables; esa sería la forma de blindarse ante los intentos espúreos, que nunca faltan. Y a los ejemplos de otros países me remito.
Afirmar que, porque se han seguido ciertos trámites parlamentarios, ya es constitucional una norma, es falaz como mínimo. Los representantes políticos, en mayoría (por sí misma o coaligada), pueden estar introduciendo unas modificaciones que atenten definitivamente contra la misma Constitución y, por supuesto, contra las garantías que contiene. Definitivamente, hay ejemplos que demuestran cómo se han cargado las estructuras democráticas de un país, supuestamente siguiendo la constitución del mismo. Los que ahora, en el nuestro, se acogen a la representatividad popular del Estatuto de Cataluña, y por ello a la no alteración del mismo, aunque existan transgresiones constitucionales, están propiciando la ruina total de la Constitución de España, dado que así todo estaría permitido. Meramente se trataría de un movimiento golpista. Me choca así que partidos que deberían ser exquisitos con los usos y las ideas democráticas, en cuanto lo suyo no es admitido, deciden tirar abajo el chiringuito con todas sus consecuencias.
El Tribunal Constitucional debiera ceñirse a garantizar (y no es poco) la vigencia de la ley suprema para todo el territorio nacional. Con lo que ahora hay escrito y admitido. Si se quieren modificar las condiciones y las estructuras estatales y regionales, es tarea, ahora sí, de los políticos, ponerse manos a la obra valientemente, pues ya está tardándose demasiado y se ven estas desagradables consecuencias. Y si nadie ha sido capaz de detener antes la deriva catalana (dejar hacer no es la mejor fórmula, señor Presidente), que asuma sus consecuencias.