LEGITIMISMOS

LEGITIMISMOS

Mariano Valcárcel González

Aumenta la polémica de la necesidad o función que actualmente tiene la Monarquía en nuestro país e incluso abiertamente se aboga por irse caminando derecho y firmemente hacia su supresión y volver a un régimen republicano (la Tercera República que predicaba el difunto Julio Anguita).

Yo de mi particular parecer que ni se decanta por la fe absoluta en este último tipo de régimen (vistos sus fracasos pasados) ni por la benéfica y terapéutica acción de la forma monárquica (y menos sagrada) quiero sin embargo poner cierto punto sobre las íes de la instauración que se produjo tras la muerte del dictador.

Porque se ha tratado de legitimar esa instauración-restauración bajo argumentos más bien de poca solidez. Y es cosa que al menos se deje clara.

Franco acabó con la República manu militari (que por tanto se trató de un golpe de Estado total) y en su lugar no restauró en su trono al Rey legítimo, Alfonso XIII, de la dinastía de los Borbones. La realidad fue que aunque con sordina el General admitiese que España era un Estado en forma de Monarquía esta ni existía realmente ni se le dejaba resquicio para volver (lo prueban los hechos). Sus leyes bailaron el baile de la indefinición siempre en aras de la prolongación del poder unipersonal de Franco.

Franco se condujo como sátrapa “por la gracia de Dios” (ungido pues a la manera monárquica antigua) y se permitió actos y formas que superaron lo anterior; concedió títulos nobiliarios, era introducido bajo palio en los templos, se reprodujo en las monedas de curso legal e incluso, cual verdadero faraón moderno, mandó erigirse un panteón que lo perpetuase por los siglos de los siglos… El representante y jefe de la Casa de Borbón (Alfonso XIII) murió en el exilio en Roma y su sucesor llevó una vida también fuera del territorio español a la espera de que los acontecimientos internacionales o la voluntad del dictador le permitiese volver y restaurar en su persona la Monarquía; nada de eso ocurrió en vida del Caudillo.

Debemos pues contemplar que al igual que la República estaba acabada la Monarquía borbónica lo estaba también.

La jugada, supuesta la sinuosidad de la mente del gallego, estaba en el “préstamo” que el representante borbónico (D. Juan) hacía al régimen en la presencia y estancia de su propio hijo y futuro sucesor Juan Carlos (9 noviembre 1948); también admitía a la par al primo, que servía de comodín y de amenaza ante los anteriores. En realidad el otro era un rehén al estilo medieval que permitía tener controlado al padre. Si a ello se prestó el Borbón o era muy ingenuo o esperaba la evolución de los tiempos en su beneficio. Yo creo que en realidad nadie se engañaba de lo que significaba.

El régimen y sus juristas y corifeos se empeñaron en definir la posible solución monárquica, en la persona de Juan Carlos, no como una restauración de la dinastía anterior sino como la imposición de una monarquía nueva surgida del golpe de Estado contra la República en el 36 y de la doctrina política subsiguiente, esto es, de los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.

Lo anterior es primordial para comprender que, según la Lay de Sucesión franquista (27 julio 1947), el sucesor de Franco a título de Rey (que podía ser Juan Carlos I, o no) no lo era de los Borbones ni restauraría dinastía alguna. La legitimidad de Juan Carlos I como Rey se derivaba y se derivó de los Principios Fundamentales del Movimiento y del régimen franquista (22 julio 1969) y no se puede aducir, sin retorcer la argumentación, lo contrario.

Art. 2º – III. La fórmula del juramento será la siguiente: «En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino?» El designado sucesor responderá: «Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.» Y el Presidente de los Cortes contestará: «Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.»

La anterior fórmula, casi arcaica, deja claro que no había continuidad dinástica alguna.

Muerto Franco (20 noviembre 1975) automáticamente se activó la sucesión de la Jefatura del Estado en la persona de Juan Carlos de Borbón, al que las Cortes franquistas aclamaron como Rey, siendo pues Juan Carlos I; este sería el acto que lo legitimaba. Vivía su padre pero no se le permitió reclamar su entronización como monarca; por lo tanto en realidad la dinastía borbónica no fue restaurada. Hasta el 14 de mayo de 1977 no renunció Don Juan a sus derechos dinásticos en la persona de su hijo (en acto particular y no en parlamento alguno) y sería pues y desde entonces cuando realmente se produjo la restauración borbónica que le daría supuesta legitimidad a la continuación en su hijo Juan Carlos; pero se seguía bajo la legalidad anterior.

Tenemos una realidad palpable que fue que Juan Carlos I empezó a reinar cumpliendo las leyes de sucesión urdidas por el dictador Francisco Franco (su sucesión, no la del padre de aquel) y jurando acatamiento a las mismas (los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional). Si luego y tras la renuncia posterior del heredero legítimo borbónico el rey impuesto se consideró asimismo legítimo representante de esa dinastía y por ende restaurador de la misma no estaríamos más que en una alteración y manipulación de las leyes y la lógica dinástica tradicional (el hijo suplanta al padre) en beneficio de la dinastía borbónica y su  afianzamiento sin recurrir a referéndum alguno previo que lo avalase. Por lo tanto se hacía conculcando la legalidad franquista y a la vez escudándose en la misma, cosa en verdad paradójica al menos.

Considerar pues la estructura estatal en forma de Monarquía (por muy democrática que se defina) como fruto de la consulta al pueblo español es una manifiesta falacia. Ni en tiempos del dictador por muchos referéndum y leyes amañadas que realizase ni tras su muerte por muchos referéndum y leyes que se emitiesen (Constitución incluida) se planteó claramente la pregunta o la elección decisiva “Monarquía sí o no”. De hecho al ratificarse en referéndum la Constitución se admitió el “trágala” adjunto de la forma de Estado como Monarquía en la persona de Juan Carlos I y automáticamente también se le suponía encarnación y representación de la Jefatura del Estado (dudo mucho lo de “simbolismo”). Había pues una continuidad inicial con el franquismo que no se podía ocultar por mucho que se incida en que las leyes franquistas fueron derogadas con la Ley Para la Reforma Política de 4 enero 1977 y la nueva Constitución. Y la paradoja está en que si se derogaron las leyes franquistas también quedaba derogada la ley de julio de 1969 y por lo tanto la sucesión de Juan Carlos (que había sido previa a la Ley Para la Reforma Política).

Salió Juan Carlos I por el foro de manera un tanto vergonzosa dejando a su hijo y sucesor al frente de la Casa Real y de la Jefatura del Estado con el título de Felipe VI. La posición monárquica sigue siendo inestable jurídicamente hablando pues se deriva de lo anterior; no puede aducir continuidad en su origen de la dinastía anterior ni fortaleza democrática basada en la decisión pebliscitaria de la Nación. Más pronto que tarde esta situación habría de solventarse o la van a reclamar (como ya está pasando) las fuerzas contrarias y soñadoras de esa Tercera República idealizada también como panacea de los males que nos aquejan.