Lección de historia

Por Mariano Valcárcel González.

Cuando Roma nacía, allá en sus orígenes dentro del Lacio, tuvo un gobierno monárquico.

Monarquía es, en su origen, el gobierno de una sola persona. A estos se les denominaba “reyes” y normalmente pertenecían a la casta dominante, que se había impuesto sobre los demás mediante dos formas, la potencia militar y la consagración religiosa.

Los reyes agrupaban en su persona estos dos poderes, el religioso (se erigían en sumos sacerdotes de sus divinidades, si no pretendían ser ellos también divinos) y el militar (mando y control de las fuerzas, decisión de hacer o no las guerras, control y sojuzgamiento de la población). Si eran benévolos, su reinado era ensalzado y cantado por poetas, artistas y pueblo; pero lo más normal era que ejerciesen sus poderes despóticamente o, al menos, con demasiada discrecionalidad. Y sin controles externos de algún tipo.

Cuando Roma, luego de sus míticos orígenes, estaba bajo los etruscos, el sistema de gobierno era monárquico. Hasta que a la población se le inflaron las narices y persiguieron a Tarquino el Soberbio (¿por qué sería el mote?) hasta la salida de la ciudad, se supone que no educadamente. Y se acabaron los reyes. Así que muy mal lo hubo de hacer el sujeto para perder su aura religiosa y su autoridad militar.

Bien, se plantearon los romanos, ¿qué hacer? (al estilo de la pregunta de Lenin). Como los que echaron al etrusco eran en realidad de su casta, nobles que tenían poder e influencia y no la querían perder, se constituyeron en asamblea (Senado) de privilegiados y decidieron que, a falta de rey y sin fiar de volver al sistema monárquico, les gobernase ejecutivamente una diarquía (que es el gobierno de dos) llamando cónsules a los dos que simultáneamente eran nombrados por un año. El consulado.

Tenía sus problemillas el sistema, por la dualidad que a veces generaba celos y rencores, y la brevedad del cargo que no daba para mucho. Roma se comportaba como lo que era, una aldea de agricultores que había crecido y aumentado su poder frente a los vecinos itálicos. A su vez otros, viendo ese crecimiento, quisieron aprovechar la coyuntura, como los galos, que les dieron bastantes problemas (casi los hicieron desaparecer). Así que, para solucionar las disfunciones, se inventaron el cargo dedictador.

¿En qué consistía ese cargo? Pues en la vuelta a la monarquía (gobierno de un solo sujeto), pero muy controlada por el Senado y limitada a las funciones para las que se le autorizaba, y un tiempo en general también muy limitado. Pero el dictador tenía el “imperium”, mando único sobre el ejército y sobre las magistraturas y libertad en sus decisiones.

De hecho, el dictador nombraba a su segundo, que era jefe de la caballería y tenía otras funciones.

Se echó mano al dictador en momentos de máximo peligro y este se ponía al frente del ejército para conjurarlo. Generalmente, por ello, fueron habilitados, pero también se nombraron para convocar elecciones, establecer fiestas de diversión o religiosas, investigar ciertos casos o sofocar las sediciones descubiertas y hasta hacer rogativa para evitar la peste.

O sea, era un instrumento excepcional para solucionar momentos de especial trascendencia o peligro y, por ello, lo de sus poderes también excepcionales. Así lo entendían los romanos.

Que fuese la figura jurídica y constitucional que a la postre justificaría, por la tradición, la asunción de todos los poderes en una sola persona, pero ya sin limitación de tiempo y menos todavía de funciones, es lo que llevó al imperio (la prolongación y asunción de ese poder excepcional, pero en una sola persona con derecho a sucesión), con lo que ya no fue excepción alguna, sino régimen establecido. Así lo estableció Julio César, a pesar de sus promesas republicanas y de las mismas de su sucesor familiar, Augusto, que hasta se deificó. Y, sin embargo, Augusto quiso aparentar respeto republicano.

Pero el espíritu, con el que se había establecido la dictadura, estaba ya muerto.

Se ponía en la época clásica republicana a Cincinato, del siglo V antes de Cristo, que una vez realizada la misión dictatorial para la que había sido autorizado se retiró a sus tierras como un ciudadano más. También Sila, el general castigo de los populistas, una vez terminada su labor conservadora y aristocrática (hoy sería del ala derecha política algo radical) en el 81 antes de Cristo, se retiró de cargos militares y políticos.

El estado de necesidad, pues, determinaba el ejercicio de la dictadura. Terminado ese estado, la dictadura también terminaba. Sin embargo, y el desarrollo histórico nos lo demuestra, lo común es que existiendo un estado excepcional surja o se busque alguien con poderes excepcionales que lo solucione; pero, ¡ah, el poder!, en cuanto los dictadores se sienten firmes y respaldados por sus compinches, se instalan fuertemente en el mando, se erigen en supremos y se perpetúan en el mismo; incluso tienden a perpetuar la fórmula, sea nombrando sucesores de entre sus familiares (fórmula totalmente monárquica) o entre sus seguidores del círculo político más estricto. Al fin, terminan los nuevos dictadores fundando sagas autoritarias, perpetuas e inamovibles.

Pasamos tiempos ahora muy difíciles. Hacen falta medidas también difíciles y excepcionales, como excepcional es nuestro momento. Partiendo de un sistema democrático, se puede y se debe establecer un entorno con cierta capacidad de acción sin restricciones, con capacidad de decisión inmediata y de ejecución subsiguiente, sin que se tenga que detener por criterios meramente formales. Cuestionar ahora la acción de gobierno es ralentizar su eficacia.

Luego, pasada la emergencia, se restablecerá la normativa común y constitucional con sus deberes y derechos habituales.

China enfrentó el problema con soluciones radicales (que parece se demostraron eficaces), pero que podían aplicar, porque su sistema perpetúa una dictadura total. En efecto, no somos China y nuestro régimen es democrático, lo cual no debe impedir que en esta situación de riesgo máximo, quien ejerza el poder democrático también tenga la autorización implícita (o explícita, por fórmula debida) de aplicarlo con la debida inteligencia y prontitud. No es tiempo de cuestionar por cuestionar, de criticar por obtener supuestas ganancias políticas, réditos de despojos a costa de los despojados; es tiempo de arrimar fuerza, ánimo y empatía a quien debe cargar con la responsabilidad de las decisiones y de las ejecuciones ante una situación desesperada.

¿Se entiende así que yo me decanto por instaurar una dictadura acá..? Ya vimos cómo terminó aquello concedido a Franco “hasta que acabe la guerra” (y la guerra para él y los suyos duró cuarenta años). No, desde luego; pero sí se acaten los poderes excepcionales que la Constitución concede, con los debidos controles necesarios, pero que esos controles no impidan la labor también excepcional que quien gobierna debe realizar. Acabado el periodo de excepción, se decidiría si prorrogarlo o no y si lo que se hizo fue certero o no. Y punto.

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