INTRODUCCIÓN
El último cuarto de siglo encierra una historia interesante y, en parte, desconcertante del desarrollo institucional de la función orientadora e intervención psicopedagógica en España. Durante las dos décadas de vigencia de la Ley General de Educación (1970‑1990), la transformación política y administrativa del Estado propició una implantación progresiva de dicha función que en nada se ha parecido a la inicialmente diseñada cuando la Orden de 30 de abril de 1977 creaba los Servicios Provinciales de Orientación Escolar y Vocacional (SOEV). En la década de los noventa, y bajo los auspicios de la LOGSE, la profundización de la configuración autonómica de España ha facilitado dar nuevos retoques y apariciones de modelos administrativos diferenciados ‑generalmente en lo menor‑ dentro de la enseñanza pública. En los momentos actuales, y como consecuencia de un nuevo marco normativo (Ley de Calidad de la Educación), se reabre la reflexión acerca del “lugar” de los diferentes profesionales de la orientación en el nuevo escenario educativo.
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Tal vez sean las seis o siete de la tarde de este sábado 21 de septiembre. Me ha llegado el turno de dirigiros la palabra. Lamento que no os llegue mi voz (espero estar camino de Madrid). No he podido cumplir con dos compromisos que parecían compatibles en un principio. Mi participación como conferenciante en el Congreso Internacional de Pedagogía Social de Salamanca me ha retenido en la mañana de hoy.