Quien los quiera, que los pague

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Por Mariano Valcárcel González.

En fin; que la vida está llena de privilegios y de privilegiados. Es cosa innegable en cualquier régimen, sistema o situación. Y, quien diga lo contrario, miente como un bellaco.

Y más, llena de quienes no pueden acceder ni a los privilegios ni a ser privilegiados. También es verdad absoluta.

En este mundo, tener algún privilegio o ser privilegiado tiene su proceso, su camino más o menos sinuoso y difícil. Como dijo aquella de la serie televisiva («Ser privilegiado, cuesta». Bueno; no dijo eso, pero ya se me entiende…).

En tiempos del inolvidable dictador (¡cuán larga sombra tiene!), los religiosos disponían de pases de gracia para los trenes, que ellos y ellas casi siempre canjeaban por un módico suplemento para acceder a la primera clase. O sea, que pagaban por obtener mejora en su privilegio. Nada que objetar.

En los regímenes de dictadura -supuestamente proletaria-, se vende el lema de la inexistencia de privilegios, lo cual es una palmaria mentira. Lo que pudiera ser algo más verdadero es que se alcanzase cierta igualdad de oportunidades, tal que un hijo de campesino pudiese estudiar en la más alta escuela técnica o universidad. Para esto, el sistema educativo debe ser único y uniforme (y, desde luego, obligatorio), selectivo en resultados; es un sistema idealizado, porque de alguna forma siempre se encuentran formas de privilegiar a ciertos grupos seleccionados. Vale; se puede decir que no existe libertad de elección o modelo educativo, como no existen muchas otras libertades.

Así que el paradigma neoliberal es exigir, tanto en términos teóricos como prácticos, la efectiva libertad de elección del sistema docente (tanto –también- en la posibilidad de elección material de centros, como en la diversidad de sus idearios, métodos y filosofías educativas). Nada que objetar.

La objeción llega cuando, en realidad, lo que aquí se viene exigiendo es no el tener esos privilegios, sino el que se les paguen, les resulten casi gratis (si no totalmente gratis), porque el Estado abonará la diferencia existente o la totalidad del coste en detrimento, precisamente, del servicio común que el propio Estado debe procurar, atender y fomentar; precisamente, para que todos puedan acceder a la enseñanza en cierta igualdad de condiciones.

Volvamos a los religiosos del tren; tenían un servicio común (cierto es que muy malo) del que servirse; pero, si querían mejorar su viaje con solo aportar una cantidad extra de su bolsillo, lo obtenían. Allá ellos, si no aceptaban la penitencia. En la enseñanza, el servicio común lo debe aportar la administración con todas las garantías de equidad y eficacia (y universalidad); tanto derecho tienen a la enseñanza de calidad los niños de una barriada marginal, como los de un barrio residencial, tanto los que viven en uno de esos pueblos casi abandonados, como los de una gran capital.

Alguien me dirá: «Es que nosotros tenemos un ideario (católico, las más de las veces) y queremos que se eduquen y adoctrinen nuestros niños en el mismo; y exigimos que se nos facilite su difusión». Perfecto; de acuerdo. ¿Vale esa exigencia para los que viven en esas barriadas o esos pueblos?, ¿ahí no piensan que deben también construir sus colegios?, ¿por qué no lo hacen…?

Libertad de elección, del centro de enseñanza condicionada, según dónde me interese edificarlo. Y, alzado el centro, venga la subvención concertada del erario público demasiadas veces, en detrimento de las propias infraestructuras estatales, que decaen por falta de mantenimiento, de medios y, lo peor, de alumnado (que se va desplazando irremediablemente hacia los centros más privilegiados y mejor situados; o que huyen, todo hay que decirlo, de lo que imparablemente se puede convertir en meros centros-gueto degradados en caída libre).

Cuando algo se quiere destruir, no hay más que ir dejando de atenderlo, cuidarlo, utilizarlo, que dejará de existir. Lo vemos en demasiadas ocasiones y en nuestro entorno (nuestro ferrocarril en Jaén es ejemplar en ello). También es ejemplar en ello la situación de nuestros centros docentes de Úbeda.

Hay un manifiesto desequilibrio entre las zonas poblacionales y la situación de los centros docentes; es de antiguo ya y fue un proceso que se hizo imparable y nadie lo evitó (o se fracasó en ello). Los centros de enseñanza privado-concertados (religiosos, desde luego) tuvieron la visión certera de situarse en las zonas donde la población se expandiría, como así fue; los centros estatales o permanecieron en sus locales viejos y destartalados o se construyeron en áreas de cierta degradación social y poblacional (tal vez en la idea de no dejar abandonadas a esas criaturas). Pero, como la degradación fue casi imparable y los prejuicios muy poderosos, los centros privados recibían alumnado que huía de los otros. Así se tiene la consecuencia de que, año tras año, se les van cercenando unidades a los públicos.

Los colegios religiosos compiten deslealmente con los públicos, al beneficiarse de las bonificaciones públicas; también que a los otros se les recortan o no les llegan. O sea, se tiene libertad de elección, libertad de utilizar sus servicios privilegiados, pero no se pagan esos privilegios. Van en primera al mismo coste que los que van en tercera.

En tiempos del añorado dictador, la enseñanza pública era mera auxiliar de la religiosa y así lo entendían los mandamases. Claro, cuando los religiosos no llegaban o abandonaban pueblos y barrios, se garantizaba que los docentes públicos (¡ah, esos maestros rurales!) suplían con creces el adoctrinamiento necesario. O sea, clases y clasismo.

No se puede alegar falta de libertad de elección de centro en nuestro país, porque ello no es verdad; ahora, que el que quiera amejoramiento que lo pague (en su derecho y elección está); pero que también se piense en aquellos que no tienen siquiera la oportunidad de elegir, pues tanto derecho tendrían o deberían tener como los anteriores (y hasta eso se les deniega de facto). Estos neoliberales de salón y cuenta en el extranjero se benefician o se quieren beneficiar del sistema, al igual que los profesionales de las ayudas públicas; no son más diferentes que a los que detestan. La clave, la bajada de impuestos y la supuesta libertad de elección (sanitaria y educativa, privatizándolas). Todo un engaño o una estafa en su beneficio.

marianovalcarcel51@gmail.com

Autor: Mariano Valcárcel González

Decir que entré en SAFA Úbeda a los 4 años y salí a los 19 ya es bastante. Que terminé Magisterio en el 70 me identifica con una promoción concreta, así como que pasé también por FP - delineación. Y luego de cabeza al trabajo del que me jubilé en el 2011. Maestro de escuela, sí.

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