Por Dionisio Rodríguez Mejías.
PRÓLOGO
A día de hoy, cientos de urbanizaciones en Cataluña continúan sin legalizar, a pesar de los esfuerzos de las distintas administraciones por resolver un problema de tan lamentables consecuencias. El fraude arranca en la década de los años setenta; cesó prácticamente con la llegada de la democracia y el resultado fue que miles de familias perdieron sus ahorros y se arruinaron, víctimas de la codicia de unos desalmados y de la indiferencia de una administración insensible a los problemas de las clases sociales más crédulas e indefensas.