Por Juan Antonio Fernández Arévalo.
LA CUESTIÓN TERRITORIAL EN ESPAÑA
La insistente exigencia del ¿derecho a decidir? por parte de los nacionalistas catalanes y vascos se ha ido extendiendo como una mancha de aceite, hasta el punto de ser asumido por una parte de la izquierda en España, la que ha abandonado el internacionalismo, consustancial a toda izquierda coherente.
Me parece que ese derecho a la autodeterminación, es decir, a la secesión (hablemos con propiedad), es tan extravagante al derecho que rige en toda Europa que me extraña que partidos como el inclasificable Podemos, donde abundan los profesores de ciencia política, lo defiendan tan irresponsablemente. Porque, tras Cataluña, puede venir el País Vasco, Galicia, Canarias, Baleares…, un aquelarre para la destrucción del Estado. Sus argumentos son tan débiles, que me cuesta entender los fichajes de algunos jueces, de un militar de altísima graduación y de un famoso constitucionalista (luego dado de baja). En el caso de Cataluña, por ser más inmediato, y también en el del País Vasco, ya se abstienen los nacionalistas de extender su manto hacia Francia, sabiendo que aquí la respuesta del Estado sería fulminante. La debilidad del Estado español, en este momento, propicia el envalentonamiento del secesionismo.
La razón que se aduce, desde el nacionalismo identitario, es que España es un país plurinacional; denominación discutible, pero que, en todo caso, no sería más plurinacional que Italia, Francia o Alemania, y en estos países no existe una presión tan insoportable para el resto del Estado. Sería insensato, además de una aberración jurídica, que cualquier Estado, sea centralista (como Francia), federal (como Alemania, Austria o Estados Unidos) o descentralizado (como Italia), introdujese en sus leyes constitucionales el germen de su propia destrucción, como lo sería la inclusión del derecho de autodeterminación o secesión.
¿Alguien se imagina que el gobierno francés toleraría movimientos secesionistas como los de Cataluña en regiones como Córcega, País Vasco francés, Borgoña, Bretaña, Alsacia…, algunas de las cuales estaban fuera de la nación gala en algún momento de su historia?
Pero si el caso francés, por centralista, no admite dudas, tampoco sería posible algún movimiento de esta naturaleza en Alemania o Italia, países unificados hacia 1870, tras guerras internas y externas. Las constituciones de ambos países no permiten ni de lejos los pretendidos derechos de autodeterminación que en España, una nación varios siglos más antigua, se pretenden imponer por la vía de los hechos, que no del derecho o de la historia.
Pero… ciñámonos a Cataluña. Jamás fue independiente ni estuvo fuera de la órbita de España, si exceptuamos el periodo 1640-1652 (que olvidan, por cierto, los independentistas) en el que la sumisión a la corona francesa la dejó malparada, teniendo que volver a España humillada y con la pérdida, en el subsiguiente tratado de Los Pirineos (1659), de los territorios de El Rosellón, parte de La Cerdaña, Vallespir y Conflent. Menudo negocio el de Cataluña. ¿Por qué no reivindica la Generalitat la devolución de estas tierras, tan catalanas? La fecha mítica de 1714, tan utilizada por el Barça en el Nou Camp, no es otra cosa que eso, un mito más de los que conforman la historia de Cataluña vista por los independentistas, pero que no fue más que un hecho final de la Guerra de Sucesión española en la que unos españoles, entre los cuales también catalanes, apoyaron a Felipe de Anjou, Felipe V de España, y otros al archiduque Carlos de Austria, luego emperador austríaco. Y en esa tesitura de apoyar a uno u otro bando contendiente se encontraron ciudadanos de todos los territorios de España, algunos de los cuales territorios ‑Aragón, Valencia y Baleares‑ sufrieron, como Cataluña, la abolición de sus fueros y derechos consuetudinarios, adaptándolos a Castilla, en un proceso de unificación jurídica del Estado que, en ese momento histórico (el contexto es fundamental en Historia), era lo modernizador, aunque desde nuestra perspectiva actual sea discutible. Este artículo se alargaría demasiado con el comentario sobre los acontecimientos referidos a Cataluña durante la II República (Maciá y Companys), la Guerra Civil (mayo de 1937), la Dictadura franquista (colaboracionismo de la burguesía catalana) y la Transición (Constitución de 1978), por lo que prescindo de una referencia detallada.
La abusiva alusión de los secesionistas a Escocia, tan lejos de nuestra idiosincrasia y devenir histórico, omite la ausencia de una constitución escrita en el Reino Unido, el enfrentamiento bélico reiterado entre Escocia e Inglaterra, y la existencia de un Estado escocés durante largos periodos de la historia. Y en cuanto a la referencia a Quebec, cada día menor, habría que tener en cuenta la llamada “ley de claridad” canadiense, que refuerza las exigencias para obtener el derecho a la autodeterminación.
Ningún país desarrollado puede aceptar un derecho de sus regiones, nacionalidades o, si se quiere, naciones sin estado (de las que hay decenas en Europa), que lleve, como espada de Damocles, el anuncio, en forma de ley, de su propia destrucción. Lo contrario sería una enorme locura jurídica, además de una regresión a los movimientos nacionalistas de mitad del siglo XIX. Todo un anacronismo.
Cartagena, 14 de noviembre de 2015.
(Profesor de Historia)