26-06-2012.No es por insistir, que ya cansa y vemos que no nos harán ni puñetero caso, pero es que no debiéramos consentir tanta mentira y tanta desfachatez a costa del argumento de que lo que hay es lo que hay y no tiene remedio más que el que se nos administra.
Pues se nos sigue insistiendo en lo de la austeridad, los recortes y demás mantras, ya intocables en apariencia y, más que intocables, inevitables. Aplicados a la labor se aplican por el lado más vulnerable, más fácil de controlar (y saquear) y que deja de lado apenas si rozados los yacimientos de donde con seguridad se obtendrían más resultados.
Lo fácil e injusto. Marca de la casa.
No es cosa de reiterar los quiénes, dóndes y cuándos, que de sobra se saben, que no es por desconocimiento que no se toquen. Mas insistiré en algunos puntos en los que, de querer, se podrían hacer arreglos y esos recortes a los que ya tan aficionados estamos siendo.
Veamos:
¿A qué mantener ese Senado, pesebre de políticos segundones o amortizados a los que se les agradecen con esa “patada hacia arriba” los servicios prestados o se les conceden sus apetencias personales? Y escribo esto porque la llamada Segunda Cámara (o Alta) no cumple las funciones que se le debieron adjudicar constitucionalmente como Cámara de Representación Territorial (concretamente lo concerniente a las autonomías, e incluso foro donde se amparase la Junta de Presidentes autonómicos). No cumpliendo estas funciones no tiene sentido mantener esta estructura y los gastos (enormes) anejos a la misma.
Cuando un diputado cobra lo hace por serlo, más los anejos cargos que ostente como coordinaciones, presidencias de comisiones, etc., también son remunerados acumulativamente. Así que siendo, como son tan numerosos, los gastos también lo son.
¿A qué soportar la duplicidad de altos tribunales, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, poniéndose trabas entre sí por cuestiones competenciales y ralentizando los procesos e instancias en su paso por los mismos? Abriendo una Sala de lo Constitucional en el Supremo se evitarían gastos innecesarios, duplicidades y lentitud en los trámites. Precisamente a esta instancia suprema sólo debieran acceder los casos no resueltos por los tribunales superiores territoriales (que debieran juzgar todo lo concerniente a su demarcación y pasar arriba sólo lo que implicase otros aspectos controvertidos). Que conste que este comentario ya lo tenía yo escrito ANTES de que mi “queridísima” Esperanza lanzase la misma idea (sólo que ella lo dice por cuanto le fastidian las sentencias no de su gusto del Constitucional).
Si de tribunales seguimos, ¿por qué la Audiencia Nacional mantiene tantos juzgados en activo, para tantos supuestos, y no se definen y limitan los casos que deben ser juzgados como delitos a nivel nacional? Se eliminarían juzgados y sus gastos anejos. Con el cargo va el sueldo, y así, si una persona acumula dos cargos (por ejemplo, Presidente del Supremo y Presidente del CPJ, cobra por los dos), más gasto.
Ese Consejo de Estado, panteón gerontocrático o de dioses caídos, ¿de qué nos sirve si sus supuestos dictámenes (cuando se les pidan) no son vinculantes? Buenos dineros se sacarían de su supresión. Tengo entendido, por ejemplo, que Zapatero acude al mismo ¡una vez a la semana! ¿Y por eso se le paga a él y a los demás?
Se habló de eliminar las Diputaciones Provinciales, pero en cuanto acabaron los procesos electorales lo tapó el olvido. Como son nido de politiquillos de tercer nivel, en general para subsistir personalmente, a ningún partido político le interesa menear demasiado la cosa. Y es mucho dinero el que se ahorraría al disolverlas: sólo en sueldos se sacaría un buen pico.
Tribunales de Cuentas, ¿a qué tenerlos, si luego queda demostrado que no sirven para nada? Si no ejercen sus funciones o tampoco se les hace caso alguno, si no son ejecutivos, elimínense de una vez y quitemos gasto.
Defensores del Pueblo varios, que sólo tienen función de cantamañanas (sin ánimo de ofensa para quienes ejercen estos cargos, pero si no tienen capacidad coactiva, controladora o ejecutiva frente a los poderes, ¿qué les importa a los mentados lo que hablen o escriban? Véase a Chamizo, en Andalucía, que cuando les dice algo fuertecillo y verdadero a sus diputados, van y se ofenden, ¡encima, oye!). Elimínense pues son en verdad fraude a las esperanzas ciudadanas.
Creo que se tiene derecho a presentarse y ser elegido por varias convocatorias (ayuntamientos, parlamentos o Cortes…) a la vez. Uno puede estar como concejal y como senador (es un supuesto), pero siempre con la salvedad (inexcusable) de que únicamente debiera recibirse un sueldo (a decidir por el interesado). Así se vería de veras esa supuesta “vocación de servicio y sacrificio” que exhiben tantos políticos de oficio. Y también habría ahorro.
Policía sobre policía (la buena, la regular y la mala), unas sobre otras entorpeciéndose, suplantándose y, en definitiva, haciendo más ineficaz su labor. Pero pagándose a unas mejor (porque son “las nuestras”) y a otras peor y siempre: pues más sueldos para la misma labor. Funcionario sobre funcionario con las mismas atribuciones o competencias (pues una de Sanidad en Andalucía tiene implicaciones en el territorio nacional al completo) y sólo aumentan monstruosamente el aparato burocrático. Y más casos y aspectos. Todo ello supone un monto de gastos no innecesarios sino malamente gestionados o distribuidos. ¿Acaso es demencial plantear la revisión de todo ello?
Dejo para el final la controversia, tan reciente, del modelo de Jefatura del Estado. Como estoy sólo orientando este trabajo hacia lo económico, se podrá ver y entender que la actual forma cuesta un pastón, en comparación con el costo de una Jefatura no dinástica (con las derivaciones familiares que esta lleva).
En fin, sólo una breve reflexión de las alternativas que hay (o podría haber) para aliviar la presión sobre el balance en los Presupuestos Generales del Estado. Y dejo de lado, por obvio, lo de incrementar la inspección fiscal o aumentar la presión impositiva sobre los que más tienen. Esto es tabú: palabra prohibida.
Claramente, nos engañan los políticos. Primero y fundamental porque no cumplen con la representación popular, que es el ejercicio que más deben cuidar. Al hacer leyes, no piensan en los representados ni en el interés general de los mismos, sino en los de los grupos de presión dominantes, sectoriales, particulares. Aclaremos, con un ejemplillo, por si estimamos que se exagera: el Gobierno dice, y con razón, que los intereses aplicados a la deuda soberana (bonos, letras, pagarés, prima, “sobrina y demás familia” de la Hacienda estatal) es insoportable; también lo dicen los enterados del tema (supongamos que hablan como máximo de un 6%); bien lo dicen y se entiende por la cantidad de dinero en el mantel puesto. Ahora, ¿no es aberrante que a un particular se le apliquen intereses, de ¡hasta el 20 o 25%!, sobre todo si son de demora? ¿Los bancos sí pueden aplicar esas tasas abusivas y usureras? Y se contesta que LA LEY LO PERMITE… Ahí anda el detalle: que quienes tienen que hacer las leyes (los representantes del pueblo) no las hacen para el pueblo, pues no se entiende lo anterior si eso hiciesen realmente. Cuando a un particular se le aplica esa usura, a los miles de euros que deba, ¿no se le está ejerciendo una presión más que insoportable en su mermada y seguro que magra economía?
Leo que, cuando se sacan a subasta las viviendas desahuciadas, los bancos, que debieran pujar al menos por el 60% del valor de la misma, según ley, lo logran por un diez menos, gracias a un subterfugio de la misma ley. ¿El legislador es tan inútil que no sabe que deja lugar para ejercer tal fraude? No me lo creo. Alguien, que sabe bien lo que hace, es consciente de que legisla, pero a beneficio del banco. Así se van haciendo las cosas, porque hasta ahora así se han permitido y me temo que seguirán permitiéndose.
Y en julio veremos (espero que hacia su final, cuando durmamos las siestas veraniegas) cómo se nos aplica el tormento, a fuego.