
«Es en los problemas reales (como el de los contratos y salarios discriminatorios ‑que persisten y no se atajan‑; los despidos improcedentes, cuando la mujer queda embarazada; las actitudes machistas de empleadores y jefes ‑e incluso vejaciones y acosos‑ tan frecuentes y permitidas; las dificultades para la verdadera promoción laboral y social que la mujer todavía aguanta ‑que no se arregla ni con esas paridades tan injustas, ni con imposiciones ad hoc‑, etc., etc.), por donde se debería haber empezado e insistido de manera radical y sin desmayo. En la mejora real de la mujer a todos los niveles».
¡Contra, que esto ya lo escribí en anterior envío! ¿Estaré ya con la demencia senil…?
¡Ah, no (gracias a Dios)! Es que viene como anillo al dedo de lo que nuestro flamante Ministro de Justicia invoca como causa “estructural” contra la maternidad. Y no deja de tener razón el tío, con lo que vale, porque es cierto que existe una impedimenta estructural, firmemente anclada en las costumbres, aceptada también y hasta justificada por ley, para que la mujer, que decida VOLUNTARIAMENTE ser madre, pueda serlo con todas las garantías y todas las facilidades que la sociedad debe permitirla. Todas. Y el ministro (y los que lo empujan a iniciar la reforma de la actual ley del aborto) lo saben perfectamente. Y lo consienten.
Porque, que se sepa, la flamante también ley laboral, tan benéfica ella, no dice ni contempla nada sobre el despido improcedente de las embarazadas (por el mero hecho de estarlo); y, con los nuevos parámetros, hasta será más fácil (si es que ya no lo es, porque casos conozco). Que se sepa, no se ha preparado una ley que aumente la prestación por maternidad, ni que aumente la ayuda por cada hijo que forme la unidad familiar, ni que favorezca la conciliación de la vida familiar, ni se va a obligar a la banca (no a indicar) a no desahuciar ni a apretar menos a las familias con hijos, ni habrá ninguna de esas leyes de esos países tan avanzados como los nórdicos que priman la tenencia de hijos de manera efectiva y contante y sonante.
Que sepamos, el nuevo y flamante ministro “justiciero” no contempla ninguna acción real, inmediata y aplicable que ayude a la carga de esas madres que, en efecto, quieren llevar adelante su embarazo y tener en consecuencia los hijos que decidan (y que, según el prócer, esas son las “verdaderas mujeres”), supuestamente con la conformidad de su pareja. Entonces deduciré, y espero que ustedes conmigo, que lo dicho por el ministro para justificar la reforma de la ley del aborto es una solemne majadería, sin sustancia ninguna, porque no ataja, ni lo pretende, las causas principales de la problemática de ejercer la maternidad; sólo se busca el dar satisfacción a la facción que ha trabajado tanto para llevar al poder al partido del gobierno (y al ministro).
Y esto es no sólo una majadería, sino un intento burdo de justificar lo injustificable; de manipular la información en aras de confundir a la sociedad. En realidad, sólo es una forma de presentar una reforma, que va a contentar a la facción nacional‑católica, tan presente todavía, y a la ultraconservadora jerarquía eclesiástica. Es una forma de volver a insertar como ley civil lo que debe seguir siendo únicamente una opción religiosa o personal. Es imponer a la sociedad la ideología de una creencia (mayoritaria o no) que, en puridad, debería afectar (y eso es respetable) a sus creyentes, fieles y seguidores, a los que nunca, nunca (diga lo que diga el señor ministro) se les obligó, por los poderes públicos, a optar por el aborto, sino por los anteriormente señalados.
Remuevan, el gobierno, los empresarios y los particulares, las trabas que hacen que una mujer se piense muy mucho si tener un niño o no, no por capricho, sino por la necesidad de los tiempos; y, removiendo las trabas antedichas, puede que se viesen los frutos deseados por todos (creyentes o no). Que esto es como lo de la austeridad y el desarrollo, que todo es consecuencia; y, si los estímulos positivos se niegan o no existen, no habrá resultado óptimo, sino todo lo contrario; existiendo esas trabas estructurales, tan bien indicadas por el ministro, no se podrá exigir que se dé vía libre a tener los hijos que tengan a bien venir… Salvo, claro, una premisa que se impone por consecuencia lógica.
Y sigue siendo una premisa ideológico‑doctrinaria, religiosa a ultranza y, por lo tanto, sólo a nivel de creencias y de opciones particulares, que no de concreción en ley general, que es esta: Sólo se permite el acto sexual dentro del matrimonio consagrado y con finalidad reproductiva. Lo demás estaría descartado y calificado como pecaminoso. Y, si dentro del matrimonio ya se le pondrían peros a una actividad sexual desviada de ese fin, qué decir de la que se lleve a cabo fuera de ese marco. Además de pecado, ilegal. Esto es lo que, a la postre, desean las autoridades eclesiásticas y sus acólitos. Y remover legislativamente lo que sea removible, para conseguir los fines anteriores, es no sólo deseable sino de obligado cumplimiento para un católico. Y en ello estamos, lo seamos o no los demás ciudadanos.
Sí, a repasar la anterior ley, en orden a eliminar ciertas barbaridades que el feminismo ramplón introdujo, como lo de optar las menores por abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres, o los plazos hasta los que se puede llegar para aplicar un aborto libre y voluntariamente decidido por la madre que lo desee. Ahí se debe intervenir. Corrigiendo. Para que quede una ley aplicable a la totalidad de la ciudadanía (sean católicos o no) y pueda ser VOLUNTARIAMENTE aceptada. Se verá (porque también está demostrado estadísticamente) que no se viene aplicando tanto.
Mi queridísimo ministro quiere hacer la casa antes de tener los ladrillos.