01-02-08.Se ha publicado en páginas de central sindical un borrador de decreto mediante el cual se convocará concurso-oposición para integrar como funcionarios al colectivo de docentes contratados laborales (en su mayoría, hay más de quinientos, de educación permanente).
No tendría mayor importancia el hecho (es bueno beneficiar a colegas en activo), si el proyecto no implicase una terrible injusticia global y una afrenta comparativa para el colectivo de docentes funcionarios.
Me explicaré: el concurso-oposición ya avanza que no será eliminado nadie; ¿qué clase de oposición será pues, igual que la que muchos y muchas hemos tenido que padecer, a veces durante años hasta aprobarla, en convocatorias multitudinarias y libres por lo general, en las que se llegaba incluso a puntuar y sin embargo había que quedarse sin plaza y sin acceso? En el proyectado decreto se afirma que una vez aprobados no serán desplazados de sus actuales puestos ni centros de trabajo; ¿qué clase de oposición es ésta que a pesar de acabarse con cierta puntuación (mejor o peor) deja al personal en el puesto que actualmente ocupa?; ¿y si alguno o alguna de los opositores desea ocupar mejor plaza o centro y tiene puntuación para ello?; ¿se le ha dejado al colectivo interino que opositó este verano pasado en los puesto de trabajo que ocupaban o, al contrario, han sido desplazados a los puestos provisionales (incluso en provincias distintas) que conlleva todo el proceso de acceso a funcionario de toda la vida, con las consiguientes molestias?; ¿no fueron desplazados forzosamente incluso hasta el País Vasco, Canarias o Cataluña hace años, y lo aguantaron con tal de ser funcionarios?; ¿no estuvimos varios años dando tumbos por diferentes localidades y centros como provisionales hasta quedar definitivos muchas veces en poblaciones que no nos apetecían, y lo aguantábamos como un peaje inevitable?… Y si se quedan en los centros que actualmente ocupan, ¿no pedirán que se les compute como antigüedad en dicho centro (además de que se les calculen los servicios anteriores como trienios) todo el tiempo que lo fueron como contratados, pasándose pues el escalafón funcionarial de forma palpable y en perjuicio de los funcionarios que en el mismo se encuentren?
Que es evidente lo injusto de este proyecto (sólo beneficioso en demasía para este colectivo contratado) debe declararse, para que quienes puedan (y me refiero a los sindicatos correspondientes) lo impugnen en cuanto salga oficialmente. Los pasos que se han dado previamente han ido para facilitar este proceso en ciernes, por ejemplo hacer una especie de concursillo de traslados sui géneris para que tratasen de recolocarse estos laborales; pero en realidad ha sido una trampa y engaño para ellos, porque si tras la oposición les adjudicasen los puestos por los puntos obtenidos, más de una o uno con seguridad que hubiese mejorado. Es injusto para todas y todos los funcionarios o aspirantes a serlo por los turnos corrientes, que han pasado la angustia de esas tremendas oposiciones, preparación de años a veces, pruebas en pleno verano. Es injusto que las ventajas y facilidades que tuvieron muchos de ellos para acceder a esos puestos, vía contratos municipales, les sirvan también para acceder al funcionariado y continuar en los mismos. Por la experiencia ya contrastada se sabe que quienes alcanzan fácilmente lo que quieren luego son los que más derechos exhiben y tratan de conseguir, a pesar de lo que ya han logrado; lo pedirán todo, pese al perjuicio o la afrenta de los demás.
Aquí no se trata de la idoneidad o no de los laborales, sino de que para alcanzar la situación a la que en derecho aspiran, y sus ventajas, deben tener los mismos inconvenientes que quienes ya la tienen o quieren tenerla. Sólo es cuestión de equidad e igualdad (y eso, creo, la Constitución lo contempla).