“Los pinares de la sierra”, 128

Por Dionisio Rodríguez Mejías.

2.- Los impresionantes gastos de urbanización.

Ante la alarmante caída de ventas que atravesaba la empresa, el presidente se reunió con los cuadros directivos y propuso una medida que, a modo de salvavidas, rescatase del desastre a los vendedores supervivientes del naufragio, y permitiese que los autocares continuaran subiendo a la urbanización las semanas siguientes. La medida consistía en abrir una nueva vía de liquidez, a base de cobrar los “gastos de urbanización” a los parcelistas más antiguos. La propuesta fue muy celebrada por los incondicionales de siempre, que veían así una fórmula para continuar viviendo del sistema sin demasiados esfuerzos. Más difícil resultó encontrar a la persona adecuada para hacerse cargo de recibir a los parcelistas y plantearles el nuevo desembolso, porque el asunto tenía su miga.

Cuando algunos estaban a punto de terminar de pagar el terreno y soñaban con el día que pudieran –al fin– vivir tranquilos, había que comunicarles la noticia: en breve, la empresa acometería las obras de compactado y asfaltado de su calle; el suministro de la luz y el agua; el alcantarillado; el alumbrado público…, etc. Todo esto suavizado y acompañado de la palabrería habitual para estas ocasiones. O sea, que para conseguir que Edén Park fuera el complejo urbanístico, moderno y exclusivo, con el que habían soñado, debían seguir pagando –tres años más– letras por un importe superior al que estaban a punto de amortizar. Una alegría, sin duda, porque gracias a los desvelos de la promotora, la finca sería un ejemplo para el resto de urbanizaciones, y un valor sólido y rentable que añadir al estimable patrimonio inmobiliario de los parcelistas.

Pero lo más grave era que, para no poner en peligro la venta de los terrenos, nadie se ocupaba de informar a los compradores de que, cuando terminaran de pagar la parcela, les cobrarían los dichosos gastos de urbanización. Tanto los vendedores como los jefes de ventas pasaban de puntillas, a la hora de hablar del asunto; y si a la hora de firmar el contrato alguien se interesaba por la cuestión, había tres respuestas convenientemente preparadas, para no alarmar al nuevo propietario. La primera consistía en quitarse el problema de encima con unas palabrejas que no entendía casi nadie: «Usted no se preocupe que esos gastos se abonan a “prorrateo” con todas las facilidades». La segunda era echar una mentira más: «No se preocupe; esos gastos van a cargo del ayuntamiento, que luego los repercute en la contribución territorial y urbana». Y la tercera, que tampoco estaba mal, se resolvía con una pregunta: «¿Usted compra para edificar o para invertir?». «Hombre, para invertir, ¿verdad, nena?» ―respondía ilusionado, el parcelista—.

―Entonces está exento. Si no edifica, no paga.

Alguien pensó que, para evitar desgracias no deseadas, no estaría de más contratar los servicios de un cardiólogo experimentado, provisto de enfermera y desfibrilador, para los casos de infarto fulminante.

―¿Tan mal lo ven ustedes? ―preguntó el presidente a los subalternos—.

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