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Reformismo, que no es lo mismo

Por Mariano Valcárcel González.

Que no se puede seguir así, como si nada pasase, debe ser algo asumido ya por la totalidad de la clase política y por toda la ciudadanía.

Hay cosas que ya están obsoletas o que conviene remozarlas; sí que es cierto que habiendo cosas que funcionan no debiera tocárseles, pero…, ¿cuáles simplemente deben ponerse al día y cuáles ya no nos sirven en los tiempos actuales y, sobre todo, para los venideros? He ahí la cuestión, que no es cosa sin importancia.

Sabios de mesa camilla o de tertulia arbitraria y a veces absurda, lo somos todos. Teóricos y hasta doctores en la materia los hay; mas hay que tomárselos con cierta prevención, pues no es nada incierto que algunos de ellos más valía que estuviesen cuidando jardines (por ejemplo) que dando lecciones o elaborando propuestas descabelladas.

Se necesita personal templado (en el sentido de tener temple) que, a la vez que tenga ciertas ideas y propuestas, tenga también los pies en el suelo y mucha dosis de realidad, amén de destreza política y personal. Temple y valentía. Se busca persona equilibrada y honesta, lo que ya es difícil, pero esperanza habemus. Ya me expresé en la dirección de dudar muy mucho de la capacidad de los actuales líderes que manejan el mundo o nuestro país. Mientras esta manada de mediocres esté en el poder o lo mediatice, poco se podrá lograr al respecto.

Se hacen amagos de reformar el sistema electoral, ahora que a los partidos emergentes les conviene hacerlo; pero a los que disfrutaron del bipartidismo institucional que Fraga diseñó (tan caro a él) no les interesa esa reforma. Darle más fuerza electoral a las zonas rurales escasamente pobladas fue y es la esencia del caciquismo, eficaz pozo de votos asegurados para el partido que las domine en detrimento de las áreas urbanas densamente pobladas, difíciles de controlar, emisoras de muchos votos pero de menor valor; no se respeta el principio democrático de “un hombre, un voto” con la justificación de darle cobertura a los derechos de los rurales (que ciertamente son tan ciudadanos como los demás, pero que reciben menos atención y servicios y habrá que compensarles). Es un ejemplo de lo que no se llegará a hacer (si acaso, alguna corrección puntual).

Ya me explayé en la necesidad real de revisar la Constitución, sobre todo en el sentido de desarrollar los reglamentos y las leyes orgánicas que den sentido a muchos de sus artículos y que se han quedado en el limbo de las buenas intenciones. Tal vez no hace falta quitar el colchón para buscar uno nuevo; con sólo darle la vuelta, mejoraríamos su eficacia. También me temo que eso se tratará de evitar sin más consideraciones. Que es como aquello que le preguntaron a Rajoy sobre la igualdad de sueldos hombre/mujer por ley, que «Eso, mejor dejarlo ahora». Tal es la actitud.

Clamaron por revisar a fondo la estructura legal y administrativa del Estado (y de las autonomías) y se rasgaron todos los beneficiarios (que no son pocos) las vestiduras. Como dijera Revilla, el de Cantabria: «Cuando termina uno su función (por ejemplo parlamentaria), a su trabajo o a su casa sin más», evitando costes y perjuicios innecesarios al Estado.

Pensemos ahora en un hecho reciente; que el Gobierno pide un dictamen al consejo de Estado y, como el mismo no es a su favor, simplemente lo olvidan… ¿Para qué sirve entonces ese tinglado seudojurídico con todos sus titulares y sus letrados de oposición que los auxilian, y sus ujieres y sus servicios y su magnífico edificio y demás costos anejos? Para mantener cobrando a una serie de políticos que lo fueron, pero que no se iban a ir con una mano delante y otra detrás los pobrecitos; no para emitir jurisprudencia administrativa obligatoria y que no se la salte el gobierno de turno. Y lo mismo con el Senado, circo donde duermen plácidamente sus señorías la antesala del retiro; la función que los podría justificar es la de ser cámara territorial (cauce de los intereses y aspiraciones autonómicas) e incluso morada regular de la conferencia de presidentes autonómicos; pero ni eso. Esto lo debería haber regulado el desarrollo constitucional por ley, pero nada de nada… Por eso, lo de revisar el texto constitucional a fondo; que todavía tiene muchas posibilidades.

Repensar las estructuras estatales y autonómicas y sus relaciones, competencias exclusivas y los solapamientos y duplicidades no es un disparate; calcular los costos y derroches, que se podrían evitar si se lograse una organización racional y controlada de los recursos, derivaría en beneficio de toda la ciudadanía, por mejora de los servicios esenciales aplicados a la vida diaria. Tampoco creo que lleguemos ahora a tiempo para enderezar a este respecto lo que se viene notando muy torcido, porque a la clase política no le conviene a sus intereses partidistas y hasta particulares. Se echaron manos a la cabeza cuando se pidió aquello del “café para todos”; pero lo fue por mantener las diferencias, a veces más que ficticias e inventadas (como se está viendo), entre unos españoles y otros; otro ejemplo de lo que se ha admitido para acentuar aún más estas diferencias es la cuestión del bilingüismo en Cataluña y otras, que, en lugar de asentar como lenguas vehiculares y en igualdad de importancia la nativa y la común a todo el Estado, se permitió la imposición nacionalista y diferencial, con lo que además se atenta así a la supuesta igualdad de todos los españoles, cualquiera que sea el territorio donde nacieron o donde vivan. Y esta es la verdad y no porque no pueda hacerse.

También, en estos días, estamos enterándonos del latrocinio continuado que se vino realizando en algunas comunidades, meramente por el ansia de poder y de lucro de algunos partidos y políticos concretos… Dicen que la Justicia funciona; tardía, pero funciona; y que todo terminará en los juicios y castigos de los culpables; pero, cuando nos enteramos de que los mismos fiscales, que debieran defender los intereses del ciudadano, piden el sobreseimiento de ciertas actuaciones con evidencias delictivas, es cuando da la triste sensación de que estamos en manos de unos grupos que lo controlan todo para su exclusivo beneficio.

Por ello, vuelvo a incidir en que otra mejora necesaria es la del sistema judicial español, en toda su extensión y ramificaciones. Como ejemplo, se puede ver el absurdo de la existencia de un Tribunal Constitucional, en el que confluyen casos que deberían ser meramente de derecho común o los que el Gobierno y otros se inventan para escudarse en sus errores políticos. Siendo esto así y habiendo un Tribunal Supremo que debería ser de ultimísima instancia, que se solapa en sus sentencias con el Constitucional e incluso con la Audiencia Nacional; déjense los asuntos judiciales en manos de un Supremo con más capacidad y salas, incluyendo una Sala de lo Constitucional que entendiese en exclusiva de este tema. Se eliminarían juzgados, burocracia, demoras, contradicciones y tanto mareo de casos que requieren resolución rápida; y más gastos en edificios, personal administrativo y de servicios, etc.

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